Santo Domingo, 4 de octubre de 2024 – Las autoridades dominicanas anunciaron el miércoles un incremento significativo en las deportaciones de inmigrantes haitianos que residen ilegalmente en el país, elevando la cifra a 10.000 por semana. Esta medida responde a lo que el gobierno considera un “exceso” de población migrante y a los “limitados” avances de la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía de Haití para la Pacificación, liderada por Kenia.
El anuncio fue realizado tras una reunión de alto nivel encabezada por el presidente Luis Abinader, en la que participaron los jefes militares y de inteligencia del país. El vocero del gobierno, Homero Figueroa, explicó en una rueda de prensa que se ha decidido llevar a cabo “la ejecución inmediata de un operativo” con el objetivo de reducir la cantidad de inmigrantes haitianos presentes en las comunidades dominicanas.
Según Figueroa, la decisión de intensificar las deportaciones está directamente relacionada con los pobres resultados que ha mostrado hasta el momento la misión internacional de pacificación liderada por Kenia, cuyo propósito es restaurar el orden y la estabilidad en Haití. “Los resultados de la misión han sido limitados, y el proceso avanza con lentitud. Ante esta realidad, nos vemos obligados a actuar de manera decidida y responsable para garantizar la seguridad y estabilidad de nuestro país”, declaró el portavoz gubernamental.
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La Misión Multinacional de Apoyo a la Policía de Haití fue creada con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad haitianas en su lucha contra las bandas armadas que controlan gran parte del país vecino. Sin embargo, su progreso ha sido cuestionado por varios sectores, y el gobierno dominicano parece haber perdido la paciencia ante la persistente crisis migratoria.
Como parte de las nuevas medidas, se acordó reforzar la vigilancia en la frontera entre República Dominicana y Haití, aunque las autoridades no han brindado detalles específicos sobre las acciones que se implementarán. Entre las decisiones tomadas, figura también el avance en la desarticulación de redes de tráfico de personas que operan en la región.
En este sentido, Figueroa mencionó que se establecerá un protocolo específico para la identificación de migrantes ilegales y su retorno asistido a Haití, con el compromiso de garantizar “condiciones dignas” en colaboración con las autoridades haitianas. Además, el gobierno dominicano se ha propuesto incrementar el uso de tecnología para la vigilancia fronteriza, la construcción de centros de control en la frontera, y la creación de campamentos temporales de repatriación para manejar el creciente flujo de inmigrantes.
Recientemente, el presidente Abinader nombró al vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester como nuevo director de la Dirección General de Migración, en un esfuerzo por fortalecer los controles migratorios en todo el país. Lee Ballester asumió el cargo el martes, en medio de controversias sobre violaciones a los derechos humanos y acusaciones de sobornos a inmigrantes durante operativos de deportación.
El nuevo director de Migración ha prometido combatir la corrupción en la institución, particularmente en relación con los sobornos que algunos oficiales de migración supuestamente exigen a los inmigrantes a cambio de su liberación. “Vamos a fortalecer el control migratorio y poner fin a estas prácticas irregulares que atentan contra la dignidad de las personas y la legalidad de los operativos”, afirmó Lee Ballester en su discurso de toma de posesión.
De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección General de Migración, el año pasado fueron deportados más de 174.602 inmigrantes haitianos como resultado de 3.070 operativos realizados en distintas provincias del país. Solo en el primer semestre de 2024, las autoridades dominicanas deportaron a 67.798 haitianos, una cifra que refleja la magnitud del fenómeno migratorio en la isla.
Para gestionar el aumento en las deportaciones, el gobierno ha construido varios centros de detención en provincias fronterizas y del este del país, los cuales están destinados a procesar a los migrantes antes de su repatriación. Las autoridades aseguran que estas instalaciones cumplen con los estándares de derechos humanos internacionales, aunque organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han expresado su preocupación por las condiciones en las que se encuentran los detenidos.
República Dominicana y Haití comparten la isla de La Española, pero sus realidades políticas, económicas y sociales son marcadamente distintas. Mientras Haití enfrenta una profunda crisis institucional y de seguridad, República Dominicana ha experimentado un crecimiento económico sostenido en los últimos años, lo que la convierte en un destino atractivo para miles de haitianos que buscan mejores oportunidades.
Sin embargo, esta migración ha generado tensiones sociales y políticas en suelo dominicano, donde una parte de la población percibe a los inmigrantes haitianos como una carga para los servicios públicos y una amenaza para el empleo. Las deportaciones masivas son vistas por el gobierno como una forma de aliviar estas tensiones, aunque las relaciones diplomáticas entre ambos países se han deteriorado en repetidas ocasiones debido a estas políticas migratorias.
El gobierno dominicano ha reiterado que su política de deportaciones está en consonancia con su derecho soberano de controlar sus fronteras y garantizar la seguridad nacional, y ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que preste mayor atención a la crisis en Haití. Mientras tanto, las deportaciones continúan, y la presión sobre las autoridades dominicanas para manejar la situación de manera efectiva no parece disminuir.