
El futuro del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) sigue en el aire después de las recientes audiencias en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans. El panel de jueces escuchó los argumentos presentados por los estados liderados por Texas, quienes buscan la anulación del programa, mientras que el gobierno de Estados Unidos y los defensores de DACA intentan preservar la protección que ha beneficiado a más de 830,000 “Dreamers” desde su creación en 2012.
DACA, implementado por el expresidente Barack Obama, ha proporcionado protección temporal contra la deportación a inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad. Sin embargo, el programa ha enfrentado numerosos desafíos legales desde entonces, especialmente bajo las administraciones republicanas que han cuestionado su legalidad.
Durante las audiencias del jueves, no se determinó una fecha específica para que los jueces emitan un veredicto sobre el destino del programa. Mientras tanto, más de 530,000 beneficiarios activos de DACA, junto con otros casi 100,000 cuyas solicitudes están pendientes debido a una suspensión de los tribunales, continúan en un estado de incertidumbre.
Los argumentos de los estados demandantes
El principal demandante en el caso es el estado de Texas, que se unió a otros estados republicanos, como Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi, para argumentar que DACA les ha causado daños económicos. Los estados sostienen que los recursos públicos, incluidos los fondos de educación y salud, se ven afectados debido a la protección que reciben los beneficiarios de DACA.
Uno de los argumentos clave presentados por Texas fue el costo que supone el acceso de los “Dreamers” a ciertos beneficios, como la educación y el sistema de salud. Sin embargo, los abogados defensores de DACA han cuestionado la validez de estas afirmaciones, destacando que Texas no ha podido demostrar de manera concluyente los daños financieros que alega.
Nina Perales, vicepresidenta del Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), recordó a la corte que los beneficiarios de DACA en Texas ya tienen acceso a licencias de conducir, lo que contradice el argumento del estado sobre el impacto económico de este beneficio. “Texas renunció a su dependencia de los ingresos por licencias de conducir en esta demanda”, afirmó Perales, subrayando que este argumento carece de fundamento en el caso de los “Dreamers”.
Además, Texas argumentó que el sistema educativo se ve perjudicado porque los inmigrantes con DACA reciben educación financiada por el estado. Perales refutó este punto, señalando que los beneficiarios de DACA son mayores de 18 años y, por lo tanto, no reciben educación primaria y secundaria. “No es posible que Texas identifique gastos en educación K-12 para los beneficiarios de DACA, porque estos son mayores de edad”, explicó la abogada.
Otro punto de debate fue el sistema de salud. Texas afirmó que el programa impone una carga adicional a los servicios médicos, pero los abogados defensores enfatizaron que el estado no presentó pruebas que conecten directamente los costos médicos con los beneficiarios de DACA, señalando que el argumento se basa en el gasto general para toda la población inmigrante indocumentada.
La defensa de DACA
Por parte del gobierno federal, Brian Boynton, abogado del Departamento de Justicia, argumentó que los estados demandantes no tienen legitimidad para interponer la demanda, ya que no han demostrado un daño directo causado por DACA. Boynton explicó que, si bien el programa protege a los inmigrantes indocumentados de la deportación y les otorga permisos de trabajo, no impone costos adicionales significativos a los estados.
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Además, varios grupos de apoyo a los “Dreamers” presentaron argumentos como “amigos de la corte”, defendiendo la legitimidad del programa y subrayando su importancia tanto para los beneficiarios como para la economía de Estados Unidos. Estos grupos, junto con los abogados defensores, sostienen que DACA es una medida legal que fue implementada bajo la autoridad ejecutiva conferida al presidente por el Congreso.
Sin embargo, uno de los puntos clave en el caso es si el poder ejecutivo tiene la autoridad para crear un programa como DACA sin la aprobación del Congreso. Los demandantes argumentan que dicha acción excede las facultades del presidente, mientras que los defensores del programa insisten en que este tipo de políticas entran dentro de las atribuciones ejecutivas.
Un futuro incierto
Aunque la Corte de Apelaciones aún no ha emitido un fallo, muchos expertos anticipan que el caso podría volver a llegar a la Corte Suprema, dado su alto perfil y el impacto que tiene en cientos de miles de personas en todo el país. Esta no sería la primera vez que DACA llega al máximo tribunal, ya que en 2020 la Corte Suprema bloqueó un intento de la administración Trump de eliminar el programa, aunque no resolvió el tema de su constitucionalidad de manera definitiva.
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Mientras tanto, los “Dreamers” y sus familias siguen esperando una resolución clara que determine su futuro en Estados Unidos. El limbo judicial en el que se encuentra el programa ha creado una sensación de inseguridad para los beneficiarios, quienes aún no saben si podrán seguir trabajando y viviendo legalmente en el país que han considerado su hogar durante la mayor parte de sus vidas.